El Gobierno se ha plantado y se niega a prorrogar la vida de la central de Cofrentes a pesar de la petición de Iberdrola tras la presión de los últimos meses del lobby nuclear y del Partido Popular y Vox. Iberdrola ha condicionado la prórroga que reclama desde octubre la Generalitat Valenciana a una rebaja de impuestos y de la tasa de tratamiento de residuos radiactivos.
En este sentido, la compañía pretende extender la vida útil cuatro años, con lo que la planta dejaría de operar en 2034 en vez de 2030. Sin embargo, el Ejecutivo considera que la solicitud no es ni siquiera una petición formal y ni la valora porque traspasa tres líneas rojas: “Que haya seguridad para las personas, que se garantice la seguridad del suministro y que no suponga un mayor coste para los ciudadanos”.
Cabe destacar que el Consell inició la campaña para prorrogar la vida útil de Cofrentes en octubre, dos semanas antes de la DANA. La Generalitat aprovechó el ruido que estaba haciendo la Junta de Extremadura con la central de Almaraz para exigir la prórroga para la central nuclear valenciana. En los últimos meses se ha intensificado la presión del lobby nuclear y del empresariado valenciano.
La Cámara de Comercio emitió en abril un informe en el que alertaba de que el cierre de Cofrentes implicaría un serio riesgo para la operatividad de más de 12.000 empresas industriales altamente dependientes del suministro eléctrico, que generan 184.000 empleos directos y condicionan otros 235.000 empleos indirectos.
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