Europa atraviesa una crisis energética sin precedentes en medio de la implementación de su estrategia de lucha contra el cambio climático, y lo hace en un contexto de costes de la energía descontrolados por la crisis del gas natural, el petróleo y las materias primas en general y por la guerra de Ucrania, con una gran dependencia geopolítica de terceros, con diferentes planes y prioridades entre los países que se reflejan en unos precios de la energía que no permiten a las industrias, ni a las empresas, ser competitivas.
Todo ello tiene un innegable impacto en el bienestar de las personas.
Ante esta situación, la contención de los costes energéticos aparece como una de las principales preocupaciones de empresas y ciudadanos, y la independencia energética, la garantía de suministro y la lucha contra el cambio climático cobran una especial relevancia en el debate público.
Es incuestionable la urgencia de afrontar los grandes retos que tenemos.
Según la hoja de ruta de la UE se prevé que la demanda eléctrica se duplique de aquí al 2050, lo que lleva a potenciar el crecimiento de la generación eléctrica libre de carbono y el abandono de las fuentes de energía basadas en combustibles fósiles tan pronto como sea posible. La conclusión de este análisis es que lo prudente y razonable es, al menos, retrasar el cierre de la generación nuclear en España, conclusión a la que están llegando en todos los países de la UE, excepto España.
En el caso de nuestro país, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) prevé a 2030 un crecimiento en la potencia instalada renovable y un desarrollo de las tecnologías de almacenamiento que, hoy por hoy, están lejos de cumplirse. El PNIEC deberá revisarse en 2023 ante un escenario de incertidumbre geopolítica y escalada de precios descontrolada.
La política energética debería garantizar el suministro y cumplir con los objetivos de descarbonización marcados por la UE con un precio competitivo, para ello es imperativo trabajar con rigor en un sistema aislado como el ibérico, con pocas interconexiones, con restricciones de red de transporte, con condiciones climáticas cada vez más exigentes (olas de calor y de frío, sequías extremas, ausencia de viento, etc.) y con una elevada dependencia energética de los combustibles fósiles totalmente evitable.
El calendario de cierre del parque nuclear español contempla la reducción de aproximadamente 4 GW de potencia instalada entre 2027 y 2030 (Almaraz 1 y 2, Ascó 1 y Cofrentes). Eso supone perder un 12% de la electricidad generada en nuestro país y una fuente de energía que está conteniendo los precios del mercado mayorista.
2023 es un año clave para España, ya que, si en 2024 no se ha tomado una decisión en firme sobre la contribución de la energía nuclear en el periodo 2030-2050, no habrá vuelta atrás y se confirmará técnicamente el cierre definitivo de Almaraz 1 y su aporte a la red eléctrica española.
