El Gobierno ha rechazado la propuesta de Endesa e Iberdrola, propietarias mayoritarias del parque de generación nuclear- para alargar la vida útil de las centrales, lo que frenaría el cierre del primer reactor (Almaraz 1) en octubre de 2027.
El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico ha confirmado que no cumple con ninguna de las tres «líneas rojas» fijadas por el departamento que dirige Sara Aagesen: que se garantice la seguridad de las personas, la seguridad del suministro y que no suponga un mayor coste para los consumidores, por este orden.
En este sentido, el Ministerio considera que la intención de las eléctricas se reduce a recortar la tributación que pagan las instalaciones y otras medidas económicas, remarcan las fuentes consultadas. Esta sobrecarga fiscal es el principal escollo que encuentran las eléctricas para mantener vivas estas centrales.
Según un informe de la consultora EY, España es el único país de la Unión Europea que impone una carga fiscal adicional que penaliza a estas cinco plantas, lo que compromete su competitividad y sostenibilidad económica. Por ejemplo, en Francia, Suecia o Finlandia no existen tributos adicionales, más allá de los necesarios para la gestión de residuos y el desmantelamiento.
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