El Gobierno de España ha iniciado la tramitación urgente de un anteproyecto de Ley que tiene como objetivo detraer ingresos a las centrales eléctricas no emisoras de CO2 puestas en servicio antes de 2005. Los titulares de estas instalaciones ya no ingresarán el precio de mercado como en el resto de los países de la UE, sino que tendrán que devolver una parte de los ingresos obtenidos por la venta de su producción eléctrica, que se destinará al fondo que financia las primas a las renovables. Con ello se aliviará la contribución al pago de las renovables de los productos petrolíferos, electricidad y gas.
Esta iniciativa ha llamado la atención de los principales analistas financieros a nivel mundial. Fitch, Moodys o JP Morgan (entre otros) advierten de las consecuencias negativas de esta nueva intervención política del mercado en España, tanto para el cumplimiento de los objetivos de la transición energética, como para la competitividad del sector, incluidos los consumidores industriales de electricidad.
Según Fitch y Moodys la detracción de ingresos puede poner en peligro las inversiones necesarias para la transición energética en España, y pudiendo por tanto comprometer el desarrollo de nueva capacidad de generación renovable, y con ello los objetivos nacionales de la descarbonización.
Esta opinión es compartida por Exane BNP que considera que la medida daña la confianza de los inversores porque supone un nuevo cambio en las reglas del juego en España.
Respecto a las consecuencias para los consumidores, Moodys apunta a que la incertidumbre para las centrales sobre el pago que tiene que hacer por el CO2 no emitido, conducirá a que estas centrales no tengan incentivos para cerrar contratos a largo plazo. Esto reducirá la liquidez de estos mercados, trasladando la volatilidad y riesgo de los mercados spot tanto a consumidores industriales, como a la mayoría de los hogares, que habitualmente están acogidos a este tipo de cobertura de precios.
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